Hace pocos días se hizo público que en una Clínica del Seguro Social algunas personas han recibido citas para el 2028, lo que implica que miles de asegurados seguirán esperando años para recibir atención médica a pesar de pagar mensualmente su seguro.
Esta situación, que no es nueva y que claramente no saben solucionar, representa ni más ni menos que un incumplimiento contractual de la CCSS en perjuicio de sus clientes.
Nadie puede discutir que la seguridad social es necesaria y que su existencia debe promoverse y protegerse.
Sin embargo, la defensa al deber de solidaridad no puede contraponerse al derecho constitucional a la salud de los ciudadanos, ni puede ser un justificante eterno del incumplimiento de funciones de esta institución.
Toda persona que paga por un servicio tiene derecho legal a exigir una contraprestación inmediata.
Si después de comprar una hamburguesa en cualquier restaurante nos dicen que nos la entregarán en 9 meses, todos exigiremos el reembolso del dinero para ir a comer a otro lugar, ¿por qué debe ser diferente con algo mucho más importante como es el acceso a la salud?
Cada trabajador en Costa Rica paga el 9.84% de su salario mensual a la CCSS, mientras que los empleadores aportan un 26.33% adicional, lo que significa que cada salario aporta un 36.17% de ese monto a la seguridad social.
En términos prácticos, si un trabajador gana ¢400.000 por mes, la CCSS recibe ¢144.680 mensuales, o más claro aún, ¢1.736.160 por año.
¿No es suficiente dinero para atender inmediatamente al asegurado?
Si una persona no es atendida de inmediato tiene derecho a interponer un Recurso de Amparo para exigir el acceso a la salud.
No solo por ser un derecho fundamental, sino porque es un derecho del consumidor que ha pagado por un servicio que además resulta muy oneroso si se compara con seguros médicos particulares que sí garantizan atención inmediata ante cualquier dolencia, no solo en caso de emergencia.
La obligatoriedad de pagar el seguro social debe mantenerse, pero no debe seguir en manos de la CCSS.
La solución más sencilla es que cada uno contrate el seguro que prefiera, destinándose un porcentaje para la seguridad social, y que todos tengan derecho a ser atendidos el mismo día que requieren atención médica.
¡Eso sí sería justicia social!
Artículo escrito por nuestro abogado Benjamín Gutiérrez.
